Carlos Vega
Reflexión Democrática
Una pregunta
cuya respuesta resulta bastante obvia será plantearse si son necesarias las
leyes. Quizá lo correcto sea preguntarse ¿son necesarias todas las leyes? O precisando
el tema podríamos decir ¿son adecuadas las actuales leyes? No estamos refiriéndonos a si las leyes son
buenas o malas por la valoración que cada uno le pueda dar según su posición política,
ideológica, económica, social o cultural, sino fundamentalmente establecer
hasta qué punto la aplicación de determinadas leyes es viable, efectiva y, por
tanto, se acerca al objetivo por el que fueron aprobadas, ya sea por el
Congreso o la autoridad competente.
El proceso de
creación de normas, ya sea con rango de ley o no, enfrenta a nivel general -y no
solo en el Perú- dos grandes problemas: la proliferación legislativa, que
implica el exceso de leyes, y la contaminación legislativa (leyes anticuadas,
en desuso, contradictorias, mal redactadas, etc.). Sin embargo, estos problemas
se han acentuado en nuestro país llegando a constituirse en una traba para su
crecimiento.
En nuestro
ordenamiento jurídico existen 600 mil normas vigentes (entre leyes, decretos
supremos, resoluciones, etc.), y se calcula que un ciudadano requeriría como
mínimo unos 10 años para leer toda la normativa.[1]
Eso es una muestra de lo complejo que puede ser llegar a conocer la frondosa
normatividad. A eso hay que añadirle que
muchas de ellas no pueden ser aplicadas, ya sea porque no están reglamentadas,
no se consideró su debido financiamiento, resultan ser solo declarativas o
porque su puesta en práctica suponen una complejidad operativa.
Un reciente y
completo estudio de la Contraloría General de la República, presentado hace
unos días, identifica varios problemas que enfrenta el sistema de regulaciones
en el país. Enfatiza la sobreabundancia de normas y los
frecuentes cambios; la falta de
mecanismos de consulta y recojo de información a fin de determinar los efectos
de las normas al momento de su implementación, el débil análisis
costo-beneficio, así como el hecho de que el diseño normativo no asegura el
cumplimiento de la ley.
También se
aprecia la falta de estándares para la preparación de las regulaciones y el uso limitado de herramientas de
evaluación de impacto regulatorio, el desorden y la dispersión del marco
regulatorio, además de que los procedimientos administrativos no toman en
consideración los instrumentos estratégicos de simplificación administrativa.
¿Cuál es el resultado
de esa situación? Varios, pero como muestra vemos que el indicador que mide la
competitividad de los países, en el rubro de sobrecarga regulatoria, el Perú
ocupa el puesto 133 de 140 países, por detrás de países vecinos como Chile,
Bolivia, México y Colombia. Pero más
allá de eso, y salvo algunas excepciones, la abundancia y complejidad de las normas
la apreciamos en varias situaciones del quehacer cotidiano, ya sea para
solicitar un permiso u obtener algún certificado en alguna instancia pública.
Es lo que ha pasado a llamarse la tramitología, y que viene significando un
freno relevante a la inversión.
Un ejemplo de
eso resulta la existencia de TUPAs tan marcadamente distintos para un mismo
proceso administrativo realizado en distintas circunscripciones territoriales.
Por ello la necesidad de avanzar en la estandarización de los procedimientos
comunes aplicables a todas las localidades.
En la campaña
electoral, la mayoría de candidatos a la Presidencia, y al Congreso, reconocen
como una de las exigencias ciudadanas la lucha frontal contra la corrupción.
Una de los niveles para afrontar este problema es a través de una mejora
regulatoria, enfocada sobre todo en la calidad de las normas, de manera que, de
un lado, no se generen incentivos perversos que promueven actos ilícitos, sino
que además, por el otro, permitan a la administración contar con adecuadas
herramientas para prevenir, perseguir, investigar y sancionar los casos de
corrupción identificados.
En tal sentido,
la recomendación será avanzar hacia la vigencia de menos leyes, pero sobre
todo, de buenas leyes.
Excelente comentario. Estamos de acuerdo en que el Perú debemos tener menos leyes, pero ¿cómo convencemos de eso a nuestros legisladores? ¿es la cultura normativa del Perú una "pro-regulatoria"? ¿por qué no aprendemos de los países anglosajones, menos leyes mayor eficiencia? Son preguntas que tenemos que responder.
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