Carlos Vega
Jefe de Unidad de
Análisis de Reflexión Democrática
Hace
unos días se dio a conocer el índice de competitividad de los países para el
período 2015-2016, indicador que todos los años elabora el World Economic Forum
(WEF) y que en resumen permite conocer el avance o retroceso de los países en
cuanto a su nivel de competitividad. El Perú se mantiene dentro del grupo de
países de media tabla, aunque en los últimos años ha venido registrando un
preocupante rezago, ubicándose en la última entrega del ranking en el puesto 69
de un total de 140 países[1].
El
índice de competitividad se construye en base a doce grandes conceptos o
pilares, cada uno de los cuales es desagregado en distintos elementos que
tienen una incidencia directa. El Perú claramente destaca en el entorno
macroeconómico (puesto 29), pero salimos completamente desaprobados en tres
aspectos: institucionalidad (puesto 116), innovación (puesto 116) y salud y
educación primaria (puesto 100). Asimismo, identifica como los problemas más
significativos para hacer negocio en el país la ineficiente burocracia, la poco
flexible legislación laboral, la corrupción y la inestabilidad política,
aspectos en los cuales el Congreso juega un rol determinante.
El
Congreso de la República, como uno de los poderes del Estado, y como generador
principal del marco legal, tiene pues una incidencia directa en los niveles de
competitividad. De ahí la trascendencia de su accionar. Así por ejemplo, al
dictar normas en materia laboral o financiero, que repercutirán directamente en
dichas actividades, su impacto se verá reflejado en el respectivo pilar del ranking.
En
este caso influye de manera significativa las propuestas legislativas que
estimulan o desincentivan un entorno adecuado para la actividad
empresarial, sea para las grandes como para la pequeña o micro empresa, también
para aquellas cuya actividad principal esté orientado al mercado local o al internacional.
En
los últimos meses un tema relevante ha sido las propuestas para permitir que
Petro- Perú vuelva a operar el Lote 192, cuando, de acuerdo a lo señalado por
la propia empresa, no dispone de las capacidades técnicas ni financieras,
además de la discutida participación de una empresa estatal en una actividad de
alto riesgo como el petrolero. En
síntesis, cuando prevalecen las decisiones políticas sobre las técnicas es de
prever que influyan en el resultado y nos resten competitividad.
De
otro lado, el Congreso también tiene mucha incidencia en el grado de institucionalidad,
que como hemos visto el país muestra un déficit significativo. Influye de manera
especial los avances (o retrocesos) que puedan tenerse en ética y lucha contra
la corrupción, la confianza pública en los políticos, el favoritismo en las
decisiones públicas, además de eficiencia en el marco legal en la resolución de
litigios y en la aplicación de la normativa, es decir, que tan predecible y
efectiva es la aplicación de la ley.
Cuánto
explicará el tan bajo nivel de institucionalidad por ejemplo la tan anunciada y
esperada reforma política, que tras cinco años de elección corre el riesgo de convertirse
en la aprobación de unas cuantas normas que poco favor harán a la
gobernabilidad. Las elecciones generales
del 2016 están a la vuelta de la esquina y a pesar de la insistencia de
los organismos electorales y de la ciudadanía, el apoyo desde el Congreso ha
sido bastante tibio, y en la que ninguna agrupación política se salva.
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