Carlos Vega
Jefe de Unidad
de Análisis
Reflexión
Democrática
Hace unos días el
Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley de
presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2016. Según la Constitución, el Ejecutivo debe presentar
este documento antes del 30 de agosto, fecha a partir de la cual el Parlamento – a través de la Comisión de
Presupuesto y del Pleno- se encarga de analizar, evaluar, discutir,
debatir y aprobar dicha norma, teniendo como plazo máximo el 30 de noviembre.
Esta secuencia
presupuestaria se repite todos los años, y si bien hay un intenso trabajo por
parte de las distintas instancias del Congreso por conocer el manejo de los
recursos públicos, así como por buscar reasignaciones de los mismos - de
acuerdo a una variable escala de prioridades-, al final del proceso queda la sensación de que el aporte que se
hace desde el Legislativo es bastante limitado y de una u otra manera la
propuesta del Ejecutivo termina por imponerse. Ello no estaría mal en la medida
que esté correctamente sustentado, pero
se pierde una magnífica oportunidad para que la ciudadanía conozca de manera
clara y técnica las prioridades sobre las cuales el Gobierno ha decidido
utilizar los fondos públicos.
Hay que tener en
cuenta que este debate presupuestal tendrá la particularidad de que su
ejecución se realizará en un año de elección presidencial y de renovación del
Congreso, y por tanto resulta fundamental reducir el riesgo de uso de fondos
públicos en este proceso, pero al mismo tiempo, debe evitarse que desde el
Estado se paralice la inversión pública.
El informe
preparado por la OECD[1]
y el BID[2]
“Panorama de las administraciones públicas
América Latina y El Caribe 2014: Innovación en la gestión financiera pública”
analiza el desempeño relativo de los gobiernos de la región, y en la medida de
lo posible los compara con el de los países
de la OECD, a través de 31 indicadores que cubren aspectos clave de la
gestión y la gobernanza financiera pública, como las finanzas públicas y la economía,
el empleo público y los salarios, las prácticas y procedimientos
presupuestarios y la contratación pública.
Uno de estos
puntos de evaluación comprende la capacidad legislativa de cada uno de los
países para asegurar la transparencia en el proceso presupuestario ¿Por qué este elemento es importante? El documento señala que la presentación del
presupuesto y de la documentación relacionada al Congreso constituye la primera
oportunidad de escrutinio público de las prioridades de un gobierno, que lo
convierte en un componente esencial para la transparencia y la rendición de
cuentas de las finanzas públicas.
Así, en lugar de
solo dar un visto bueno, el Congreso requiere información fiable y no sesgada,
además de unidades de investigación presupuestarias especializadas dentro del
Congreso de la República, u oficinas presupuestarias del Congreso
independientes. En el caso de los países de la OECD se ha vuelto habitual la creación de consejos
fiscales, como una forma de institución fiscal independiente.
De 17 países de
América que comprende el estudio, 14 ponen a disposición del Congreso medios de
apoyo en relación con los asuntos presupuestarios. Como se aprecia en el cuadro
adjunto, Perú, Barbados y Haití son los tres únicos países que no cuentan con
una oficina de apoyo de este tipo. Por el contrario México, Costa Rica y
República Dominicana son, de los países analizados, los únicos que cuentan con oficinas
presupuestarias en el Congreso, cuyo principal objetivo es analizar las leyes
presupuestarias u otras propuestas legislativas en relación con las políticas
fiscales. Los demás países tienen alguna unidad de mayor o menor relevancia.
En algunas
oportunidades se ha propuesto la implementación de estas oficinas
especializadas en el Congreso peruano, pero lamentablemente no han tenido el respaldo
necesario de las distintas mesas directivas ni de otras instancias, lo cual
restringe la posibilidad de alcanzar un grado de transparencia a lo largo del
proceso presupuestario, así como de la capacidad legislativa que asegure la
supervisión del proceso por parte del Congreso.
Una adecuada oficina
dentro del Congreso, que produzca información independiente, podría servir para
rebajar la discusión política que se produce en reiteradas ocasiones y por el
contrario priorizar el análisis técnico que este tema requiere.
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