A fines de noviembre de 2014, la Comisión de
Economía del Congreso dictaminó favorablemente un proyecto de ley de suma
importancia para la economía del país: el proyecto de ley 3941. El mismo fue
presentado por el Ejecutivo y tiene como objetivo primordial la agilización de procedimientos
administrativos para promover la inversión y facilitar la realización de
importantes proyectos de infraestructura. Así, el proyecto contiene medidas
para:
- La optimización y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA.
- La simplificación administrativa y promoción de la inversión.
- La simplificación de procedimientos para imponer servidumbres y protección de derechos de vía y localización de área.
- La simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura.
- El fortalecimiento del acompañamiento y seguimiento efectivo del Estado para la eliminación de trabas en la obtención de permisos, licencias y autorizaciones para la ejecución de proyectos de gran envergadura.
Se trata de un proyecto de ley bastante mesurado
que, antes que reducir el número de permisos o autorizaciones, lo que persigue
es mejorar el marco regulatorio para hacer más ordenados y rápidos los
procedimientos que se deben seguir para la obtención de las referidas licencias
y, así, promover y no obstaculizar la inversión y el desarrollo de proyectos de
infraestructura.
Precisamente, de acuerdo al Reporte de Competitividad Global 2014-2015
elaborado por el World Economic Forum
el Perú no se encuentra bien ubicado en cuanto a los dos rubros que se refieren
a la eficiencia de nuestro marco regulatorio (puesto 127 y 109 de un total de
144 economías) y en el pilar de infraestructura (puesto 88 de 144 economías)[1].
Además, la pertinencia del proyecto de ley se hace
más evidente por la urgencia de acelerar el desarrollo de proyectos de
infraestructura ya que los mismos coadyuvarán a la reactivación de la economía
nacional por la alta inversión pública y privada que los mismos comprenden,
reactivación que es sumamente necesaria por la desaceleración económica que
viene atravesando el país desde el año
pasado.
Pero, la importancia del desarrollo de la
infraestructura del país no se agota en las necesidades de la actual coyuntura
económica, sino que tiene efectos deseables en el largo plazo ya que, de
acuerdo con estudios y evidencia empírica (en América Latina y el Caribe),
aquella fomenta el crecimiento económico:
 |
| Fuente: cálculos del BID en base a World Bank database y SEDLAC |
Así, la infraestructura se constituye como un pilar
fundamental en las sociedades avanzadas ya que su adecuada dotación y
administración hace posible el desarrollo económico, genera crecimiento,
aumenta la competitividad y la productividad, y con ello facilita la inserción
de las economías en el mundo, asimismo, ayuda a la cohesión territorial y
permite mejorar la calidad de vida, siendo una herramienta fundamental para la
inclusión social[2].
Pues bien, resulta increíble que, en el momento en
que escribimos estas líneas, el proyecto de ley bajo comentario aún no haya
sido debatido ni votado por el Pleno del Congreso a pesar de haber sido
presentado con carácter de urgencia por el Ejecutivo hace seis meses y de estar
en la agenda de aquel desde hace varias semanas. Esto, sin duda, revela la extrema
pereza del Congreso para temas importantes para la vida nacional (economía,
derechos humanos, etc). Esperemos, pues, que la propuesta se debata antes de concluya la legislatura (15 de junio).
[1] Reporte de
Competitividad Global 2014-2015. World
Economic Forum. Disponible en: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#economy=PER
[2] Estrategia de
infraestructura para la competitividad. Banco Interamericano de Desarrollo.
2014. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38053345
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