El proyecto de una nueva ley universitaria
ha generado un intenso debate en las últimas semanas, el cual se irá acrecentando
cada vez más hasta que sea puesto a consideración del Pleno del Congreso. En un
intento por explicar los alcances de la propuesta que viene trabajando la
Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ayer se llevó a cabo el Foro: “Nueva
Ley Universitaria”, organizado por dicho grupo de trabajo y la Federación
Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP).
Si bien puede reconocerse que existe un
alto consenso respecto a los problemas que afronta la educación universitaria en el Perú, dos
indicadores resultan relevantes para tener en cuenta la situación que nos
encontramos. El primero es que de acuerdo al índice de Competitividad del Foro
Económico Mundial, el cual evalúa doce pilares para medir la competitividad de
los países, en cuanto a educación
superior el Perú ocupa el puesto 80 a nivel mundial de 144 países, por debajo
de casi todos los países de la región. Y
lo peor es que cada año la situación empeora puesto que en el 2012 nos
encontrábamos en el puesto 77.
Otro dato relevante lo ofrece el Ranking Mundial de Universidades,
desarrollado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, una de las
clasificaciones más conocidas mundialmente, que señala que dentro del top de
500 universidades del mundo sólo figura diez universidades latinoamericanas, entre
las cuales no se encuentra ninguna universidad peruana.
Sin embargo, la actividad universitaria en
el Perú ha crecido significativamente en los últimos años. Desde el año 1997 al
2012 se han creado 79 universidades (56 privadas y 23 públicas), teniendo en la
actualidad un total de 137 universidades, 51 públicas y 86 privadas. Sólo en el año 2010 se crearon 19
universidades, 13 privadas y 6 públicas, situación que generó una moratoria
por cinco años para la creación de nuevas universidades.
Esta expansión de centros de estudios ha
ido de la mano con un mayor número de
alumnos matriculados por universidad, que en el 2010 sumaban casi
782,970 estudiantes (288,505 de universidades públicas y 307,243 de
universidades privadas), al igual que de docentes universitarios, que al
2010 alcanzaba los 59,085 (21,434
corresponden a universidades públicas y 37,651 a universidades privadas). Sin
embargo, este crecimiento no ha estado acompañado en la mayoría de los casos
con estándares mínimos de calidad.
Algunos casos de irregularidad que maneja
la Comisión de Educación, muchos de los cuales
son de público conocimiento, se refieren a sueldos elevados de rectores; infraestructura deficiente;
falta de equipos y de docentes calificados; informalidad en exámenes de
ingreso; irregularidad en matricula; así como rectores que continúan en sus
cargos a pesar de tener sentencias condenatorias. Otros hechos denunciados
involucran al CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento
de las Universidades) haber procedido irregularmente propiciando que promotoras
de universidades privadas recurran al Poder Judicial a efectos de que consigan la autorización de
funcionamiento, o que la Asamblea Nacional de Rectores propicie la utilización
de recursos públicos de las universidades para fines ajenos a la educación y la
investigación, entre otras.
Educación
como servicio público
La orientación de la propuesta que trabaja
la Comisión reconoce a la educación como un proceso cuya finalidad es lograr el
desarrollo integral de la persona humana y prepararla para l vida y el trabajo,
siendo la educación superior la segunda etapa de este proceso.
Así, las dos etapas en que se divide el
sistema de estudios en educación básica y educación superior, que al ser
consecutivas y complementarias, implica que la primera tenga un importante
efecto sobre la segunda. Una segunda división importante del sistema se da en
la educación superior: educación superior técnica y educación universitaria.
Una de las novedades que propone la
propuesta de la Comisión de Educación es definir a la educación como servicio
público. Según Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, si bien el
Estado ha optado porque se promueva la inversión en educación pública y privada,
de igual forma tiene la obligación de velar por la calidad educativa en estas
instituciones. Le atribuye a la educación la calificación de servicio público
en la medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las
funciones-fines esenciales del Estado, de ejecución per se o por terceros. Sostiene que ese concepto ha sido recogido
por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Núm.
17-2008-PI/TC.
Superintendencia
de educación universitaria
Pero el punto que más polémica ha generado
ha sido la creación de una superintendencia nacional de educación
universitaria, que independiente del título que al final se determine, tendrá
como funciones supervisar la calidad de la educación universitaria, fiscalizar
el uso de recursos de las universidades y autorizar el funcionamiento de
universidades públicas y privadas.
Según la Comisión de Educación, esta
propuesta responde a la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente Núm.
17-2008-PI/TC) en la que considera pertinente que el Congreso de la República
expida la ley de creación de una superintendencia altamente especializada,
objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que cuente
entre otros, con las siguientes competencias:
-
Evaluar a todas las universidades del país y sus
respectivas filiales, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea
necesario, elevar su nivel de calidad educativa, incluyendo a las universidades
y filiales ratificados o autorizados por el CONAFU.
-
Garantizar
que el examen de admisión a las universidades cumpla con adecuados niveles de
exigibilidad y rigurosidad intelectual.
A este pedido del Tribunal Constitucional
también se han sumado algunas propuestas de la Contraloría General de la
República y cinco iniciativas legislativas presentadas por igual número de
congresistas.
Daniel Mora sostiene la necesidad de contar
con un organismo regulador encargado de velar por la calidad educativa, el cual
se constituya en el eje de interacción entre los principales participantes del
sector: gobierno, universidades y consumidores, mediante acciones destinadas a
garantizar las inversiones, proteger a los consumidores y promover la
eficiencia económica.
En tal sentido, destaca el rol de los
reguladores en otros sectores de la economía, pero cuyas actividades están
enfocadas en los ámbitos de inversiones (credibilidad, sostenibilidad,
promoción de la competencia, supervisión independiente), del consumidor
(protección normativa, supervisión de la calidad de los servicios) y del gobierno
(continuidad de las reformas, promoción de la eficiencia de los sectores,
generar mayor competitividad y promover el desarrollo de infraestructura).
Caso contrario, sostiene, la educación
superior al igual que otra actividad que ofrece servicio público, está expuesta
a contingencias tales como tarifas coyunturales, expropiación administrativa,
falta de cobertura de servicios, calidad deteriorada de los servicios, pérdida
de eficiencia, infraestructura insuficiente para el crecimiento y una supervisión
politizada o ausencia de la misma.
La propuesta de la Comisión precisa que la
superintendencia nacional de educación universitaria sea un organismo adscrito
al Ministerio de Educación, que cuente con autonomía técnica, económica,
presupuestal y administrativa, encargada de normar, regular y coordinar la
educación universitaria.
El congresista Mora afirma que ninguna de
las atribuciones que se le concederá a esta entidad colisiona con la autonomía
universitaria, concepto tan defendido en distintos fueros universitarios, pero
que a la vez algunos consideran que es una de las principales causas de los
problemas que enfrenta la actividad universitaria. Cabe recordar que según el
artículo 18 de la Constitución, “el Estado reconoce la autonomía universitaria.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico,
administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Propuestas
recogidas
Finalmente, en el evento se afirmó que la
Comisión de Educación ha sostenido una serie de encuentros con distintos
representantes del quehacer universitario, y que varias de las propuestas
realizadas han sido tomadas en cuenta. Entre estas menciona por ejemplo,
profundizar elementos de transparencia y utilizar la tecnología de la
información para conocer aspectos referidos al presupuesto, inversiones,
reinversiones, donaciones, gastos, remuneraciones, etc. de las universidades.
También se ha considerado incluir la
acreditación obligatoria de las carreras universitarias, que sólo las
universidades acreditadas otorguen títulos a nombre de la nación, la obligatoriedad
de elaboración de tesis para obtener los grados académicos, entre otros temas
que serán parte del propio debate, tanto dentro como fuera del Congreso.
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