En la relación figuran proyectos de ley sobre negacionismo, creación del SENACE, apoyo para retorno de migrantes y promoción en la masificación del gas natural, entre otros.
En un documento enviado al Congreso de la República[1], la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) identificó 19 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo para que sean priorizados en su tratamiento y eventual aprobación por el Parlamento.
Esta comunicación la efectuó la PCM en respuesta al pedido del Congreso de la República para que el Ejecutivo priorice los proyectos de ley que este había enviado al Congreso, de tal manera que pueda organizarse el trabajo legislativo.
Cabe indicar que en el curso del período parlamentario 2011-2016, es decir, desde julio del 2011 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República 168 proyectos de ley, 98 de estos tienen la solicitud de tratamiento con carácter de urgencia. Esta cantidad de proyectos de ley se suma a las iniciativas presentadas por los congresistas de la República y por las demás instituciones que tienen dicha prerrogativa, tales como los organismos autónomos o los gobiernos regionales y locales. Todas, en conjunto, suman 1720 propuestas de ley en el referido período.
En el caso de los proyectos de ley priorizados por el Ejecutivo, la mayoría de iniciativas se encuentra a nivel de comisiones del Congreso. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos concentra trece de estas propuestas. El resto se encuentra en las comisiones de Constitución, Producción y Pequeña Empresa, Energía y Minas, Educación y Economía, entre otras.
En cuanto a la temática de las iniciativas priorizadas, destacan la propuesta de reforma magisterial, la incorporación del negacionismo como delito de terrorismo, la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para inversiones sostenibles (Senace) y el programa para facilitar el retorno de peruanos que residen en el extranjero.
También figuran las propuestas de ley sobre el proceso de ejecución coactiva, la regulación del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, el fortalecimiento de la SUNARP y el endurecimiento de las penas de delitos cometidos contra efectivos de las Fuerzas Armadas, Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público.
Finalmente, se tiene la propuesta para modificar el Código de Ejecución Penal, modernizar el sistema de publicación de las notificaciones por edictos desarrollados en los procesos judiciales, modificar la Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico, así como aprobar disposiciones destinadas a promover la masificación del gas natural.
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