¿Qué es el ordenamiento territorial?
Según
el Ministerio del Ambiente, el ordenamiento territorial es un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, considerando las
condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación del
territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
un desarrollo equilibrado y en condiciones de sostenibilidad, gestionando y
minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar las diversas
actividades y procesos de desarrollo que se desarrollan en el territorio;
garantizando el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a su
desarrollo de vida[1].
¿Por qué se impulsa el ordenamiento
territorial el Perú?
Hay
que destacar que es indispensable que en nuestro país toda intervención o
proyecto que se desarrolle dentro de nuestro territorio se realice en
condiciones de desarrollo sostenible y garantizando el bienestar común de todos
sus habitantes. Así, garantizando:
·
Que el Estado, en
concordancia con el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, provea un
ambiente sano y sostenible para la calidad de vida de sus habitantes.
·
La incorporación
transversal del componente ambiental en distintos procesos de desarrollo para
la ocupación del territorio y el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
Sin
embargo, también existen sectores que consideran que el ordenamiento
territorial será favorable como marco orientativo y referencial, pero no
necesariamente ser vinculante, puesto que adicionalmente habrá que considerar
las evaluaciones de factibilidad o de impacto ambiental cuando se plantee
desarrollar alguna iniciativa económica o productiva. Obviamente, este será un
tema de fuerte discusión.
¿Qué políticas de ordenamiento
territorial se usan en el Perú?
Pese
a todo lo mencionado anteriormente y el hecho que desde los años 80 se vienen
“implementando” políticas de ordenamiento territorial[2], el Perú
solo cuenta con lineamientos básicos y un conjunto de normas que mencionan
superficialmente el ordenamiento territorial o algunos aspectos básicos de este
sin detallarlos. Entre estas tenemos principalmente normas referidas a la
descentralización, a la competencia y organización de los gobiernos regionales
y locales, el acondicionamiento territorial y el planeamiento urbano y rural a
la organización y demarcación territorial.
Sin
embargo, nuestra legislación cuenta con el reglamento de Zonificación Ecológica
Económica (ZEE) que es un instrumento técnico de caracterización del
territorio, principalmente de aspectos físicos y biológicos. Ahora, si bien es
un instrumento importante también se requiere conocer las dinámicas del
territorio y las posibilidades que tenemos como sociedad. Es por esto que el
ordenamiento cuenta con otros instrumentos como los Estudios Especializados
(EE), que permiten la identificación y análisis de dinámicas sociales,
económicas, cambios del uso del territorio, población, entre otros aspectos.
Es
la integración de estos dos instrumentos (ZEE y EE) que constituyen un
Diagnostico Integrado de Territorio (DIT), lo que se usa para elaborar el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT).
Pero
la ZEE solo propone alternativas para gestionar el impacto que puedan generar
ciertas actividades, haciéndolas más rentables; y aportando a la disminución de
conflictos. No establece derechos de propiedad. Tampoco restringe ni excluye
las inversiones.
Es
por esto que consideramos que la aprobación de una ley de ordenamiento
territorial traería un mayor beneficio para nuestra legislación nacional, pues se
requiere un texto que no solo regule y define los aspectos esenciales, sino que
también detalle de mejor manera la estructura de desarrollo de la ZEE, EE, DIT
y del POT.
¿Qué implicancias contiene el proyecto
2522?
En
primer lugar, la iniciativa propone la creación de una regulación específica y
bastante detallada sobre el tema de ordenamiento territorial, que en un país
tan diverso como el nuestro resulta indispensable, de una manera ordenada y
fácil de revisar junto a la elaboración de un respectivo reglamento.
En
segundo lugar, la propuesta pretende acelerar el proceso de descentralización
en nuestro país, que pese a su impulso dado durante los gobiernos de los
presidentes Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, el proceso parece haberse estancado
en los últimos gobiernos.
En
tercer lugar, tener una legislación adecuada sobre el ordenamiento territorial
permitiría mejorar las relaciones entre el gobierno central y los pueblos
originarios de nuestro país, las comunidades campesinas y las tribus indígenas
en la sierra y la selva, e iniciar contacto con pueblos aislados en nuestra
amazonia.
Finalmente,
en cuarto lugar, esto permitiría establecer un régimen para maximizar el
aprovechamiento de los recursos naturales y reducir la depredación de los
mismos a través de la caza, la minería y la tala ilegal.
Conclusión
Es
a nuestro parecer, será necesario someter a un cuidadoso estudio y debate el
tema del ordenamiento territorial, con la debida seriedad del caso y sin el
apasionamiento político, pues las implicancias que tendrá en el ámbito
ambiental y social, pero también en el económico, serán fundamentales.
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