Fuente: Congreso de la República / Elaboración: RD |
Pues bien,
a continuación haremos una pequeña síntesis del trabajo de dicha comisión en lo
que va del periodo congresal 2011-2016.
En el
cuadro adjunto[1],
se puede observar que a la Comisión Agraria se le han remitido 141 proyectos de
ley. De estos, 53 aún no cuentan con un dictamen, 47 fueron dictaminados
favorablemente, 24 obtuvieron un dictamen negativo o fueron archivados y,
solamente, 17 han logrado convertirse en Leyes de la República[2].
Fuente: Congreso de la República / Elaboración: RD |
Con
respecto a las 17 iniciativas legislativas que se convirtieron en leyes,
debemos aclarar que esta cifra no equivale a la cantidad de leyes que nacieron
en la Comisión Agraria. En efecto, teniendo en cuenta que varias propuestas
legislativas se pueden acumular en una sola, una ley puede ser originada por
más de una de aquellas. Dicho esto, tenemos que son solo 7 las leyes que nacieron
en el seno de la referida comisión, tal como se puede apreciar en el cuadro
adjunto.
Ahora bien,
en lo que toca al contenido de las referidas leyes, se puede apreciar que el
mismo no es muy halagüeño para la inversión y el incentivo de actividades
económicas. Así, por ejemplo, la aprobación de la Ley 29791 frustró la
utilización de las aguas de los ríos Marañón y Huallaga para fines
hidroenergéticos y agrícolas, y la Ley 29811 impuso una moratoria de 10 años al
ingreso y producción de organismos vivos modificados (“transgénicos”).
Por su
parte, en lo que concierne a las propuestas legislativas que esperan el
respectivo estudio y dictamen en la comisión o el debate en el Pleno del
Congreso, podemos decir que la gran mayoría aborda asuntos de escasa
trascendencia, otras son meramente declarativas y otras son contrarias a la
inversión (como aquellas que plantean establecer límites a la extensión de la
propiedad agraria).
[1] Las cifras del cuadro mostrado son al 18 de noviembre de 2013.
[2] El hecho que las iniciativas legislativas se hayan convertido en Leyes
de la República, no implica que el contenido inicial de estas sea el que se
haya aprobado, en última instancia, como ley. En efecto, el mismo pudo haber
sido modificado al interior de la Comisión, en el debate parlamentario o pudo
haber sido acumulado a otras iniciativas legislativas para crear una ley más compleja
o integral.
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